Llega el final del ejercicio y como en ocasiones anteriores la Ley de Presupuestos y sus leyes de acompañamiento nos traen novedades referentes a los impuestos que soportaremos en el futuro ejercicio. Sin embargo este año se van a producir importantes modificaciones que van más allá de recortar o incluir alguna deducción o bonificación.

El Gobierno utiliza una de las armas que le quedan, la política fiscal, para influir en la economía en su propósito de lograr determinados objetivos. Todas las medidas que vamos a relacionar se encuentran en fase de aprobación, por lo que independientemente de que ya tienen sufieciente apoyo parlamentario, pudiera darse el caso de que alguna de ellas no llegara fructificar o se viera modificada, al tratarse de un gobierno en minoría parlamentaria.

La primera medida afecta al impuesto de sociedades, se propone una reducción del 5% para aquellas empresesas de menos de veinticinco trabajadores y facturación inferior a cinco millones de euros si mantienen el empleo, de tal forma que pasarán a tributar los primeros 120202 euros de beneficios al 20% y el resto al 25%, frente a la tarifa actual del 25% y el 30% para el segundo tramo. Esta medida plantea dudas a los expertos respecto de su eficacia, ya que para poder beneficiarte tienes que tener beneficios, y no creo que las empresas vayan o no a manterner un puesto de trabajo en función del ahorro fiscal, sino más bien en función de la necesidad o no de ese puesto según la coyuntura económica.

La medida es similar para los autónomos y PYMES que tributen en el IRPF, con las condiciones de no tener más de veinte trabajadores, no facturar más de cinco millones de euros y mantener el empleo se puede obtener una rebaja fiscal del 20%, con el condicionante de que la deducción no podrá superar el 50% de la retribución media de sus trabajadores, lo que en algunos casos va a impedir y limitar sustancialmente esta rebaja. Se va a suprimir en el IRPF la deducción de los 400 euros para rendimientos del trabajo y de actividades económicas que al final benefició a las rentas medias y medias-altas con un elevado coste de recaudación, se aumenta el tipo de gravamen para las ganancias patrimoniales del 18% al 21% y se aumenta la imposición sobre los rendmientos del ahorro, los primeros 6000 suben del 18% al 19% y el resto se gravan al 21%, desincentivando el esfuerzo de los pequeños ahorradores, porque los grandes están inmersos en otro tipo de dinámica (SICAV).

El otro gran pilar de estas novedades lo encontramos en la subida del IVA prevista para el mes de julio del 2010. Se eleva el tipo general en dos puntos (del 16% al 18%) y en punto el tipo reducido (del 7% al 8%), quedándose sin moficación el tipo supereducido del 4%. Esta subida del IVA todo el mundo sabe lo que significa, pagar más como consumidores finales en nuestros productos cotidianos y como pequeños empresarios, ya a muchos de ellos están acogidos a regímenes especiales que no permiten deducirse la totalidad o parte del IVA que pagan o que realizan alguna actividad exenta del mismo y no pueden deducirse el pago del impuesto. Los expertos coinciden en dos consecuencias negativas que pueden derivarse, por un lado en una época de crisis como la actual con visos de continuar todo el año 2010, esta subida supone una menor renta disponible para el usuario llevando a un menor consumo con unas consecuencias pésimas sobre el empleo, y por otro lado la más que probable subida del fraude fiscal, cuanto más subes los impuestos más “incentivos” otorgas a los defraudadores. De tal forma que nos podemos encontrar con una recaudación inferior a la esperada o incluso menor con la subida del IVA. Recuerden que se están subiendo los tipos impositivos (el porcentaje), lo de la recaudación ya es otra cosa.